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El control del conejo en Lleida: una política pública frente a los daños agrarios

Eduard Melero – Montblanc – 28/07/2026

Control del conejo: más que caza, una respuesta pública a los daños agrarios

El anuncio del Departamento de Agricultura de reforzar el Plan de control poblacional del conejo en la Plana de Lleida evidencia la magnitud de una problemática que requiere una respuesta extraordinaria por parte de las administraciones.

Los datos presentados por el propio Gobierno muestran un dispositivo de una dimensión excepcional:

  • Más de 226.000 conejos capturados.
  • Actuaciones en 147 municipios.
  • 23 técnicos especializados y equipos de TRAGSA.
  • Drones con cámaras térmicas y visores nocturnos para reforzar la detección y control.
  • Más de 1,3 millones de euros en ayudas directas, sin contabilizar el coste del personal, vehículos, tecnología y otros recursos materiales desplegados.

Un extraordinario dispositivo de control poblacional

Estos datos muestran que el control poblacional del conejo no puede entenderse únicamente como una actividad cinegética ordinaria.

Se trata de una actuación extraordinaria de gestión de fauna salvaje impulsada y financiada por la Administración con el objetivo de reducir los graves daños que sufre el sector agrario.

La caza sigue siendo una actividad regulada que contribuye a la gestión del medio natural. Sin embargo, el control por daños responde a una situación excepcional que requiere una planificación específica y recursos técnicos, económicos y humanos adicionales.

Los datos oficiales también indican que más del 63% de las capturas se han realizado mediante resoluciones excepcionales, un instrumento de regulación cinegética que forma parte de la gestión pública de la especie.

Este dato pone de manifiesto que la respuesta al problema se articula mediante medidas específicas de control coordinadas por la Administración, más allá del desarrollo habitual de la actividad cinegética.

Una problemática que necesita estudios independientes

A pesar del esfuerzo económico y operativo desplegado, sigue abierta una cuestión fundamental:

¿Por qué los episodios de sobreabundancia se repiten año tras año en las mismas zonas?

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario impulsar estudios independientes que analicen los factores que pueden favorecer esta situación, como:

  • Los usos agrícolas del territorio.
  • La disponibilidad de alimento y refugio.
  • La presión de depredación.
  • Las infraestructuras existentes.
  • Los distintos modelos de gestión aplicados.

El impacto de las zonas protegidas y la gestión del territorio

En este contexto, también es necesario analizar con rigor si las limitaciones de gestión existentes en determinados espacios protegidos, incluidas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pueden haber tenido efectos indirectos sobre la evolución de las poblaciones de conejo.

Si el propio Gobierno plantea compensaciones a los agricultores por las restricciones derivadas de estos espacios, también es legítimo estudiar si estas limitaciones han podido influir en la capacidad de prevenir y controlar la sobreabundancia de la especie.

El objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la conservación de los espacios naturales y una eficaz gestión de los conflictos provocados por la fauna salvaje.

Actuar sobre las causas para evitar un gasto permanente

La situación actual demuestra que el control del conejo es un reto que requiere una estrategia basada en el conocimiento científico, la prevención y coordinación entre administraciones, agricultores y cazadores.

Las actuaciones de emergencia son necesarias mientras persista el problema, pero su éxito no debería medirse únicamente por el número de capturas, sino por la capacidad de:

  • Reducir de forma estable las poblaciones en conflicto.
  • Identificar las causas que han convertido a esta problemática en un fenómeno estructural en determinadas zonas de Cataluña.
  • Aplicar medidas preventivas que eviten la repetición del problema.

Sólo actuando sobre las causas, y no únicamente sobre las consecuencias, se podrá evitar que los dispositivos extraordinarios de control acaben convirtiéndose en un gasto público permanente.


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