News Cinegeticat
Denis Boglio - Solsona - 03/01/2019
El TSJ de Castilla y León acaba de suspender de forma cautelar el Decreto que regula las especies cinegéticas, respondiendo así a una reclamación contenciosa-administrativa de un organismo animalista. La sentencia no es todavía firme y se dictó con un voto particular contrario de un magistrado. Sin embargo, es una nueva indicación de que los jueces consideran cada vez más que la administración supervisora del mundo cinegético, no está haciendo suficientes esfuerzos para la conservación de las especies incluidas dentro de las Órdenes de Vedas.
Recordemos a tal efecto la sentencia firme del Tribunal Supremo de 2018 que anulaba la Orden de Vedas de Madrid por falta de diagnóstico suficiente sobre el estado de conservación de las especies cinegéticas.
Imaginemos por un momento una sentencia firme en septiembre y octubre que ponga fin a la actividad cinegética en Cataluña. El impacto social sería importante, tanto por el colectivo cazador como por nuestros agricultores, además de la multiplicación de los accidentes de tráfico.
Por todas estas razones, es de capital importancia, como lo recordamos el pasado mes de diciembre, que la Consejería de Agricultura prepare de manera muy cuidadosa la nueva Orden de Vedas de Cataluña.
Los tres organismos claves en Cataluña
Lo que han pedido los jueces hasta ahora son informes preceptivos y previos, para cada una de las especies cinegéticas, con un seguimiento regular obligatorio (no valen los datos de hace 3 años), y elaborados por instituciones científicas objetivas (ni empresas ni la misma administración). Tenemos en Cataluña tres organismos claves en este ámbito: elInstituto Catalán de Ornitología (ICO), de reconocido prestigio europeo, que implementa y coordina anualmente (SOCC) el seguimiento de la mayor parte de las especies de aves presentes en nuestro país, el Centro de Innovación y Ciencia Forestal (CTFC), que hace un seguimiento económico y social de los daños de fauna salvaje y fija en muchos casos los criterios técnicos para los programas de conservación de especies en Cataluña, y la Universidad de Lleida con su Facultad Forestal que incluye la caza o cuestiones, especialmente en relación con las áreas agrícolas. Esperamos y deseamos que el Departamento de Agricultura, junto con los representantes de los cazadores y de los organismos científicos reconocidos, justifiquen el estado de conservación de nuestras especies cinegéticas y conseguir así una base sólida y rigurosa sobre la cual poder basar las capturas.
Por otra parte y, considerando la situación dramática en que nos encontraríamos ante una suspensión cautelar de la caza en período de siembra o cosecha, fuera interesante por parte de la administración, separar y discriminar sus instrumentos reguladores, entre la actividad cinegética ordinaria y la excepcional que regula el control puntual de daños a los cultivos.
Finalmente, elevamos a las instituciones representantes de los cazadores, la súplica de implicarse de forma activa en programas concretos de conservación de las especies cinegéticas, más allá de la moralmente controvertida cría en granja. Los cazadores debemos ser los primeros interesados e implicados a la hora de mejorar los hábitats y el estado de conservación de las especies que cazamos.
