Los bosques no se queman en julio

Cada verano, cuando una columna de humo se levanta sobre cualquier cordillera catalana, el país se detiene. Las imágenes de los hidroaviones descargando agua, de los helicópteros volando sin descanso y de los Bomberos combatiendo llamas de decenas de metros ocupan portadas e informativos. La emergencia moviliza recursos públicos, despierta enorme solidaridad y recuerda hasta qué punto los bosques forman parte de nuestro patrimonio colectivo.

Cataluña es hoy un país forestal. Más del sesenta por ciento del territorio está cubierto de bosques y matorrales. La paradoja es que cerca del ochenta por ciento de esa superficie es de propiedad privada. Este dato, aparentemente anecdótico, es la clave para entender muchas de las contradicciones que rodean a la gestión forestal.

La primera pregunta es inevitable. Si el bosque es privado, ¿por qué cuando quema destinamos a miles de profesionales y millones de euros de dinero público? Y, aún más importante, si todos pagamos la extinción, ¿por qué no exigimos con igual contundencia una gestión preventiva del territorio? La respuesta es menos simple de lo que podría parecer.

Un bosque no es sólo la propiedad de una persona. Es un ecosistema que captura carbono, regula el ciclo del agua, protege los suelos, conserva biodiversidad, genera paisaje, alberga actividades deportivas, produce recursos forestales y condiciona la seguridad de pueblos enteros. Es lo que se llaman servicios ecosistémicos. Cuando arde una finca privada no sólo pierde patrimonio el propietario; pierde calidad ambiental toda la sociedad.

Por eso la Administración no se plantea si debe apagar un incendio en función del titular del terreno. Sería tan absurdo como preguntarse si los Bomberos deberían apagar el incendio de una fábrica o vivienda privada. La protección civil es un servicio público porque los efectos del fuego trascienden cualquier escritura de propiedad.

Sin embargo, este principio también debería abrir otro debate mucho menos cómodo. Si el conjunto de la sociedad asume el coste de las consecuencias, ¿es legítimo exigir una mayor corresponsabilidad en la prevención?

La propiedad forestal comporta derechos pero también obligaciones. La legislación catalana, estatal y europea establece que el bosque cumple una función social y ambiental. El propietario no es un simple titular registral; es también el primer gestor de un espacio que afecta al interés general.

Esto no significa que cada propietario pueda asumir, solo, el coste de mantener una finca forestal. De hecho, ahí aparece el principal problema.

La agricultura ha retrocedido, la ganadería extensiva ha disminuido y muchas explotaciones forestales han dejado de ser rentables. Los antiguos mosaicos agrícolas que actuaban como cortafuegos naturales han sido colonizados por bosques densos y continuos. Lo que a menudo desde la ciudad interpretamos como una victoria de la naturaleza es, en realidad, uno de los principales factores de riesgo de los grandes incendios contemporáneos.

Un bosque mediterráneo sin gestión no es necesariamente un bosque más saludable. A menudo es un bosque con demasiados árboles compitiendo por un agua cada vez más escasa, con más árboles muertos, más sotobosque y una acumulación de combustible vegetal que convierte cualquier ignición en un incendio potencialmente incontrolable.

Es seleccionar los árboles que deben crecer, reducir su densidad, mantener caminos, recuperar claros, facilitar el pasto, extraer madera cuando es necesario y conservar la biodiversidad. En definitiva, es ayudar al bosque a adaptarse a un clima que ya no es el de hace cincuenta años.

Francia comparte con Cataluña una importante superficie forestal privada. La diferencia es que el Estado ha desarrollado un modelo mucho más exigente de planificación. Las grandes propiedades deben disponer de documentos de gestión aprobados, existen incentivos estables para ejecutar trabajos selvícolas y la industria forestal genera suficiente actividad económica para que el bosque siga siendo un recurso y no una carga.

Austria representa probablemente el ejemplo más exitoso de Europa. Allí, el propietario forestal es considerado un gestor del territorio. La madera es un sector estratégico, los trabajos forestales son constantes y su gestión forma parte de la cultura rural. El resultado es un paisaje mucho más diversificado con bosques productivos, accesibles y mucho menos vulnerables a los grandes incendios.

Grecia, en cambio, se parece mucho más a nosotros. Durante años confió principalmente en los dispositivos de extinción mientras la prevención quedaba en un segundo plano. Los devastadores incendios de los últimos años han obligado al país a replantear completamente esta estrategia. Hoy las inversiones en prevención, aclareos forestales y reducción de combustible vegetal han pasado a desempeñar un papel central. Es una lección que Cataluña haría bien en observar.

También deberíamos revisar algunos prejuicios… Cuando se habla de los actores que cuidan el territorio casi siempre aparecen los Bomberos, los Agentes Rurales, los ADF, los ingenieros forestales o los propietarios. Sin embargo, hay un colectivo que trabaja casi siempre fuera del foco mediático: los cazadores.

Más allá del debate legítimo sobre la caza como actividad, existe una realidad a menudo ignorada. Durante todo el año, numerosas sociedades de cazadores mantienen abiertos caminos forestales, recuperan senderos, eliminan vegetación que impide el paso, reparan accesos, mantienen puntos de agua y recorren semanalmente un territorio que conocen con un nivel de detalle extraordinario.

Cuando se produce un gran incendio, este conocimiento adquiere un enorme valor. Saber dónde termina un camino, qué pista soporta el paso de vehículos pesados, dónde hay una balsa o qué barranco permite un acceso seguro puede marcar diferencias decisivas durante una emergencia.

Es un trabajo discreto, poco visible y casi nunca reconocido. No sustituye a las políticas públicas de gestión forestal, pero constituye una aportación real al mantenimiento del territorio que merece formar parte del debate sin apriorismos.

Lo mismo podría decirse de los ganaderos extensivos, de los campesinos que mantienen campos abiertos o de los propietarios que siguen invirtiendo en trabajos forestales a pesar de obtener una escasa o inexistente rentabilidad económica.

Cataluña dispone de uno de los mejores servicios de extinción de Europa. Los Bomberos han desarrollado estrategias admiradas internacionalmente y han demostrado una capacidad extraordinaria frente a situaciones extremas. Pero incluso los mejores profesionales tienen límites cuando el cambio climático, sequía, viento y acumulación de combustible convergen en un mismo incendio.

Quizás ha llegado el momento de dejar de preguntarnos si los bosques deben ser públicos o privados y empezar a preguntarnos cómo queremos gestionar un patrimonio que es esencial para todos.

La respuesta probablemente pasa por un nuevo pacto.

Más exigencia a los propietarios para que gestionen sus fincas. Más apoyo económico para que puedan hacerlo. Una industria forestal capaz de dar valor a la madera y la biomasa. Más ganadería extensiva, más agricultura de montaña, mayor coordinación institucional y menor burocracia. Y también un reconocimiento explícito de todas aquellas personas que, desde el silencio, mantienen vivo el territorio mucho antes de que lleguen las llamas.

Porque los incendios no comienzan el día en que alguien ve humo, comienzan muchos años antes, cuando un bosque deja de gestionarse. Y también es muchos años antes cuando pueden evitarse.