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La carne de jabalí, en riesgo en Cataluña

Jordi García – Barcelona – 04/02/2026

Una situación límite para las sociedades de cazadores

En pleno contexto de control intensivo del jabalí para reducir riesgos sanitarios y daños en el territorio, muchas sociedades de cazadores de Cataluña se encuentran en una situación límite a raíz del paro indefinido del servicio de recogida de jabalí por parte de las cárnicas de caza. Este servicio es esencial tanto para garantizar el control sanitario como dar salida a los excedentes de caza o para asegurar la viabilidad económica de las sociedades.

Los ingresos procedentes de la venta de la carne ayudan a cubrir gastos básicos como tasas, mantenimiento de terrenos, seguros, gestión administrativa y cuidado de los perros de caza.

Toneladas de carne de caza sin salida comercial

Actualmente en temporada de caza se abaten a muchos animales y ahora además, como consecuencia de las políticas de control poblacional, las cifras se incrementan. Una vez cubiertas las necesidades de autoconsumo, los excedentes son fundamentales para que entren en la cadena de comercialización.

Hablamos de toneladas de carne de caza de alta calidad que, sin un sistema de recogida operativo, no pueden ser aprovechadas ni puestas en valor como producto gastronómico, derrochando un recurso natural y sostenible.

Cazar más… pero sin saber qué hacer con los animales abatidos

La contradicción es evidente: mientras a cazadores y sociedades se les pide incrementar el esfuerzo cinegético, éstos se encuentran con la incertidumbre de no saber qué hacer con los animales abatidos, ante la carencia de canales legales y logísticos para darles salida.

Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de gestión, el compromiso del colectivo y la continuidad de la actividad cinegética.

El radio de 20 km por la PPA y la destrucción de los jabalíes

Otro factor de preocupación es que se está trasladando que los animales abatidos en el radio de 20 km establecido por la PPA deberían ser destruidos. Esta medida afecta directamente tanto a las sociedades de cazadores como a las empresas cárnicas de caza, que en estos casos sólo podrían asumir el transporte, sin posibilidad de comercializar la carne.

Todo ello, aunque es conocido que la carne de un jabalí infectado por PPA no supone ningún riesgo para la salud humana, ya que la enfermedad no afecta a las personas.

Un sector orientado a Europa, ahora sin mercado

Hasta ahora, entre el 90 y el 92% de la carne de caza producida en Cataluña se exportaba a mercados europeos, principalmente por la carencia de cultura de consumo interno. Sin embargo, actualmente estos mercados muestran una mayor reticencia a adquirir carne de caza procedente de Cataluña, lo que agrava aún más la situación del sector.

Esta pérdida de mercado exterior pone en riesgo la viabilidad de las cárnicas especializadas y todo el modelo de comercialización existente.

Una reivindicación legítima, compartida y sin voz en la toma de decisiones

Desde el conjunto del colectivo cazador se quiere dejar claro que la reivindicación de las empresas de recogida y transformación de carne de caza es totalmente legítima, entendida y compartida. Estas empresas llevan tiempo asumiendo responsabilidades económicas, sanitarias y legales sin disponer de un marco claro ni de garantías suficientes, una situación que resulta insostenible.

Además, las empresas afectadas denuncian que no están siendo tenidas en cuenta ni invitadas a participar en la toma de decisiones que les afectan directamente, pese a ser una pieza clave del sistema de gestión cinegética y sanitaria. Esta carencia de diálogo y participación dificulta aún más encontrar soluciones reales, eficientes y consensuadas.

El paro del servicio no es una decisión deseada ni tomada a la ligera, sino la consecuencia directa de un modelo que se ha ido cargando sobre los hombros del sector privado sin escucharlo. Sin empresas de recogida, no existe gestión cinegética posible, ni control sanitario, ni valorización de la carne de caza.

El posicionamiento del DARPA

Ante esta situación, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARPA) ha comunicado oficialmente que mantiene conversaciones con las empresas que recogen la carne de caza para intentar encontrar una solución, y que se trata de una problemática que también se está abordando a nivel estatal.

Sin embargo, el sector reclama medidas urgentes, claras y efectivas que permitan restablecer el servicio, dar seguridad jurídica a las empresas y garantizar el futuro de la gestión cinegética.


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