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Eduard Melero – Cardona – 16/06/2026
¿Cataluña necesita realmente dos nuevos parques naturales?
La Generalitat ha recuperado la idea de crear dos nuevos parques naturales en Cataluña: la Albera y el Montsec. Si la iniciativa acaba prosperando, el país pasará de quince a diecisiete parques naturales, ampliando aún más una red de espacios protegidos que es ya una de las más extensas del sur de Europa.
La propuesta se presenta bajo el paraguas de la conservación de la biodiversidad, un objetivo que difícilmente alguien podría cuestionar. Pero tras los titulares y los discursos institucionales hay preguntas que merecen una respuesta seria. ¿Realmente estos territorios necesitan una nueva figura de protección? ¿Qué problema concreto se pretende solucionar? Y, sobre todo, ¿quién asumirá los costes y limitaciones derivadas de estas nuevas declaraciones?
La primera realidad que a menudo queda escondida es que tanto la Albera como el Montsec ya disponen de numerosas figuras de protección ambiental. Espacios PEIN, zonas Natura 2000, áreas de especial protección para las aves y otros instrumentos legales ya condicionan buena parte de la gestión de estos territorios. Por eso resulta legítimo preguntarse qué aportará exactamente un parque natural que no exista ya sobre el papel.
La sensación que tienen muchos habitantes del mundo rural es que, con demasiada frecuencia, la respuesta no es una mejor conservación sino una nueva capa de regulación administrativa.
La maquinaria de los parques
Cada vez que se crea un parque natural, nace también una estructura administrativa asociada. Aparecen nuevos órganos de gestión, equipos técnicos, direcciones, consejos asesores, planes especiales, estudios y procedimientos que acaben generando un gasto público permanente.
Es una cuestión que raramente ocupa espacio en los debates políticos, pero que cualquier contribuyente debería poder plantear. En un momento en que los bosques acumulan combustible forestal, los agricultores sufren dificultades crecientes y los servicios públicos reclaman recursos, es razonable preguntarse si la prioridad debe ser crear nuevas estructuras burocráticas o reforzar la gestión efectiva del territorio.
La conservación de la naturaleza no depende necesariamente del número de despachos que se dediquen a ello. De hecho, muchos expertos coinciden en que la clave está en disponer de una gestión eficiente, basada en criterios científicos y con la implicación activa de los actores locales.
La caza: mucho más que una herramienta de control
La caza suele ser una de las actividades que mayor preocupación genera cada vez que se plantea una nueva figura de protección. Y no es raro. La experiencia demuestra que tarde o temprano las restricciones cinegéticas suelen formar parte del paquete.
El problema es que una parte del debate público sigue analizando la caza desde una visión simplista y profundamente urbana, reduciéndola exclusivamente a una herramienta de control poblacional. Evidentemente, la caza contribuye a gestionar especies y mantener equilibrios ecológicos en territorios donde los grandes depredadores naturales son inexistentes o insuficientes. Pero su aporte va mucho más allá.
La caza forma parte de la historia de Cataluña. Ha modelado costumbres, ha generado conocimientos sobre el medio natural y ha contribuido a mantener una estrecha relación entre las personas y el territorio. Es patrimonio cultural, es tradición y es también una actividad social que vertebra cientos de pueblos y comunidades rurales.
Las sociedades de cazadores siguen siendo hoy uno de los principales tejidos asociativos de muchas comarcas. Movilizan voluntariado, gestionan hábitats, mantienen caminos, colaboran en censos de fauna y participan activamente en la conservación del medio. A menudo lo hacen de forma discreta y asumiendo responsabilidades que la administración difícilmente podría asumir sola.
Tampoco puede ignorarse la dimensión gastronómica de la actividad cinegética. En un momento en el que se reivindica el consumo de proximidad y los aprovechamientos sostenibles de los recursos naturales, la carne de caza representa un alimento de gran calidad, de proximidad y vinculado directamente al territorio.
Además, numerosos estudios científicos han evidenciado que una actividad cinegética bien regulada puede contribuir al mantenimiento de determinados hábitats y al buen estado de conservación de muchas especies. La biodiversidad no siempre aumenta con más prohibiciones; a menudo depende de una gestión activa y de una presencia humana responsable.
Por eso preocupa que la creación de nuevos parques naturales pueda traducirse en nuevas limitaciones sobre una actividad que no sólo es compatible con la conservación, sino que en muchos casos ha sido una aliada histórica.
La pesca: patrimonio vivo de nuestros ríos, el mar y embalses
La pesca recreativa corre también el riesgo de convertirse en una víctima colateral de nuevas figuras proteccionistas.
Como ocurre con la caza, a menudo se presenta únicamente desde la perspectiva del impacto ambiental, ignorando el papel social, cultural y económico que desarrolla en muchas zonas rurales. La pesca forma parte de la identidad de numerosas comarcas catalanas. Generaciones de pescadores han acumulado conocimientos sobre los ríos, embalses y especies que habitan, convirtiéndose en observadores privilegiados del estado de los ecosistemas acuáticos.
Los pescadores son a menudo los primeros en detectar problemas de calidad del agua, episodios de contaminación, presencia de especies invasoras o alteraciones de los hábitats fluviales. Su vinculación con el medio es mucho más profunda de lo que a menudo se reconoce desde los despachos.
La pesca también genera actividad económica, atrae a visitantes, mantiene negocios locales y contribuye a fijar población en territorios que sufren procesos constantes de despoblamiento.
Resulta difícil entender que actividades desarrolladas durante décadas de forma compatible con la conservación puedan acabar sometidas a nuevas restricciones sin una justificación técnica sólida y contrastada.
El sector primario, siempre bajo sospecha
Si existe un actor que suele salir perjudicado de las nuevas políticas proteccionistas es el sector primario.
Agricultores, ganaderos y propietarios forestales conviven desde hace décadas con una normativa cada vez más compleja. Cada nueva figura de protección suele traducirse en más informes, más permisos y condicionantes. El resultado es una creciente sensación de que el mundo rural es considerado un problema a gestionar en lugar de un aliado imprescindible para conservar el territorio.
La paradoja es evidente. Los paisajes que hoy quieren protegerse no han aparecido espontáneamente. Son el resultado de siglos de actividad humana. Sin agricultura, sin ganadería extensiva, sin aprovechamientos forestales, sin caza y sin pesca, muchos de los espacios que hoy se consideran de alto valor ecológico tendrían una fisonomía completamente distinta.
La biodiversidad que se quiere preservar es, en gran medida, fruto de la interacción histórica entre la naturaleza y las actividades tradicionales del mundo rural.
Una visión cada vez más alejada del territorio
La sensación de muchos habitantes del territorio es que detrás de estas iniciativas existe una forma determinada de entender la conservación. Una visión impulsada desde los despachos y alejada de la realidad cotidiana del mundo rural, donde a menudo se considera que la mejor forma de proteger es limitar, prohibir y regular.
Pero cada vez más voces, incluidos numerosos científicos y gestores del medio natural, defienden que la conservación del siglo XXI debe basarse en la gestión activa y la implicación de las comunidades locales. La naturaleza no es una pieza de museo ni un escenario vacío de presencia humana.
La Albera y el Montsec son territorios vivos. Son paisajes moldeados por campesinos, ganaderos, forestales, pescadores y cazadores. Pretender conservarlos ignorando este legado sería un error tan grande como querer proteger a una catedral expulsando a sus constructores.
Antes de crear, es necesario justificar
Antes de añadir dos nuevos parques naturales al mapa catalán, el Govern debería explicar con total transparencia qué beneficios ambientales adicionales aportarán, qué coste tendrán para los contribuyentes y qué consecuencias comportarán para la caza, la pesca, el campesinado, la ganadería y la gestión forestal.
También sería deseable conocer qué estudios independientes avalan la necesidad de estas nuevas figuras y hasta qué punto las comunidades locales han participado realmente en su definición.
La conservación es demasiado importante como para convertirla en una simple herramienta de crecimiento administrativo o en una bandera ideológica.
Porque proteger la naturaleza no debería significar limitar sistemáticamente a aquellos que la han conservado durante generaciones. Y porque, a veces, la mejor manera de preservar un territorio no es añadir una nueva etiqueta sobre el mapa, sino confiar más en la gente que vive en ella, trabaja y lo conoce mejor que nadie.