Polémica por el «precinto digital» de caza: cazadores denuncian la cesión de datos a una entidad privada

UNAC y Agrupcat rechazan el precinto digital de caza

La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) y la Agrupació de Sociedats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) han manifestado su rechazo al sistema de precinto electrónico para el control de la tórtola común, impulsado por ocho comunidades autónomas y gestionado por la Fundación Artemisan.

Según la UNAC, la gestión de la caza es una competencia exclusiva de las administraciones públicas y no puede ser externalizada a empresas privadas. La entidad denuncia que los cazadores se ven obligados a facilitar datos personales —como correo electrónico, DNI o teléfono— a esta fundación para poder ejercer la actividad, lo que podría vulnerar la normativa de protección de datos. También critican que los sistemas de seguridad y el destino final de la información no están garantizados.

Agrupcat reclama que la gestión de datos sea pública

En la misma línea, AGRUPCAT ha presentado una queja formal al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, donde expresa su “profunda oposición” a que los datos de los cazadores catalanes sean gestionados por servidores externos.

Reclaman que toda la información quede bajo control del propio Departamento y gestionada por personal público. Además, la entidad cuestiona el reparto de las cuotas de captura de tórtolas, que consideran arbitrario y carente de criterios claros de equidad y sostenibilidad.

También quejas en Castilla La Mancha, Andalucía y Navarra

Asimismo, en Castilla-La Mancha, Andalucía y Navarra, las entidades integradas en la UNAC —entre ellas Adecana y AUNAC— también han registrado quejas formales ante sus respectivas administraciones autonómicas, mostrando su oposición al sistema y reclamando que la gestión sea pública y no privatizada.

Administraciones públicas, transparencia y seguridad

Todas ellas coinciden en pedir que la aplicación de precinto digital sea desarrollada y gestionada directamente por las administraciones públicas, garantizando así la seguridad de los datos personales y una gestión transparente de la caza.

---