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Eduard Melero – Cardona – 15/05/2026
Ayudas públicas para combatir la PPA: el sector cinegético reclama una gestión más abierta y equitativa
La decisión del Departamento de Agricultura de destinar cerca de 250.000 euros en la Federación Catalana de Caza (FCC) para reforzar las capturas de jabalí y prevenir la peste porcina africana (PPA) ha abierto un debate cada vez más intenso dentro del sector cinegético catalán.
El malestar no gira tanto en torno a las ayudas en sí, sino de la forma en que se han articulado y de quién queda realmente fuera del sistema de apoyo público.
Sobre el territorio, la realidad es mucho más diversa de lo que a menudo se transmite institucionalmente. El control del jabalí no depende exclusivamente de la estructura federativa. Participan sociedades federadas, sí, pero también grupos independientes, perreros, propietarios de cotos y cazadores no federados que asumen actuaciones constantes durante todo el año.
Además, en muchas sociedades federadas conviven socios federados y socios que no lo están. También es habitual que grupos especializados en jabalí actúen en cotos gestionados por sociedades federadas sin formar parte directamente de la Federación Catalana de Caza. Es una realidad ampliamente conocida dentro del sector y que evidencia que el tejido cinegético catalán es mucho más amplio que la estructura oficial federativa.
El papel silencioso de los perreros
Uno de los colectivos que más reclama reconocimiento es el de los perreros. Su trabajo es imprescindible en muchas redadas y controles poblacionales, especialmente en la caza del jabalí.
Mantener equipos de perros implica un gasto muy elevado durante todo el año: alimentación, veterinario, transporte, instalaciones, seguimiento y entrenamiento. Todo esto recae casi en su totalidad sobre particulares.
Pese al papel esencial que desempeñan, muchos perreros denuncian que no existe una línea específica de ayudas estable y transversal que reconozca realmente esta función dentro del control sanitario y poblacional.
Una cuestión de competencias y de modelo público
El debate ha abierto también interrogantes jurídicos y administrativos. Varias voces del sector consideran que la lucha contra la peste porcina africana es una cuestión sanitaria, ambiental y territorial, y no estrictamente deportiva o federativa.
Por eso, se cuestiona que sea una entidad privada concreta quien acabe centralizando la gestión práctica de una parte importante de los recursos públicos destinados a esta problemática.
En Cataluña, las federaciones deportivas ejercen funciones delegadas en el ámbito deportivo, pero la gestión cinegética y el control sanitario de fauna salvaje son competencia de la Administración pública a través del Departamento de Agricultura y Medio Natural.
Además, el mapa legal del sector cinegético es plural. Hay entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat, pero también sociedades y asociaciones registradas en el Departamento de Justicia con plena actividad legal y cinegética sin necesidad de formar parte de la federación.
Este hecho refuerza la idea de que existe una parte importante del sector que participa activamente en el control del jabalí pero que no queda representada en el modelo actual de distribución de las ayudas.
El malestar por el reparto de los recursos
Una de las críticas que más crece dentro del sector es que el sistema actual puede acabar dejando en manos de juntas federativas o sociedades concretas la decisión práctica sobre el reparto de los recursos, materiales o equipos adquiridos con dinero público.
Muchos cazadores y grupos independientes consideran que esto genera una sensación de poca transparencia y puede provocar desequilibrios entre personas y grupos que desarrollan exactamente la misma función sobre el territorio.
Por este motivo, cada vez hay más voces que reclaman un modelo distinto: que sea el propio Departamento de Agricultura quien gestione directamente una línea abierta de ayudas basada en criterios objetivos y verificables, tales como las capturas acreditadas, las actuaciones de control, la disponibilidad territorial o la participación en controles extraordinarios.
El debate sigue abierto, pero una idea gana bastante dentro del sector: la lucha contra la PPA y el control del jabalí no les sostiene una sola estructura. Los sostiene una red mucho más amplia de personas y colectivos que trabajan sobre el territorio, a menudo de forma discreta y asumiendo costes importantes con recursos propios.